Carlos Rojas

El proyecto se ejecuta en tres escenarios. La Asamblea quiere sacar a Lasso a como dé lugar y llamar a una Constituyente. El Cpccs ha detenido los concursos de los organismos de control hasta mayo y en la Judicatura, Wilman Terán ha cambiado la estructura que moldearon María del Carmen Maldonado y luego Fausto Murillo.

QUEDÓ CLARO, por boca del propio expresidente Rafael Correa, que el objetivo inmediato de la Revolución Ciudadana es retomar el control de todo el Estado. Así lo confesó, sin ningún reparo democrático en su reciente monólogo con el hermano renegado Xavier Lasso. Él, como es su costumbre, se abstuvo de hacerle el más elemental cuestionamiento periodístico.

La ejecución de este proyecto comenzó a operar en tres escenarios. El más farragoso está en la Asamblea, enfocada en sacar al Presidente de la República a como dé lugar, así haya que incluir pruebas falsas o apelar, incluso, a la figura de la incapacidad mental. Todo vale en el plan de instalar una Asamblea Constituyente y no esperar a 2025. Veremos si el golpismo y sus acólitos en la política, las redes sociales y la prensa lo consiguen.

El segundo escenario va viento en popa. El correísmo ha logrado controlar el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para suspender todos los concursos pendientes (Contralor, CNE, Defensor Público) y bregar porque se posesione a Raúl González, el desatinado superintendente de Bancos que burló al Gobierno en sus propias narices. Correa quiere que las semanas pasen rápido en este organismo, que los consejeros liderados por Gina Aguilar y

Teddy Tama calienten el puesto mientras descabezan esa institución al despedir a unos 70 funcionarios, llenando sus vacantes con burocracia afín al proyecto.

A partir de mayo, el nuevo Cpccs tendrá mayoría RC-PSC, encabezada con personajes como Alembert Vera -uno de los abogados en el oprobioso juicio contra diario Eluniverso- y Augusto Verduga, joven activista de la izquierda radical que milita en la Revolución Ciudadana. Si ellos han tomado nota de la agenda que sale desde Bélgica, lo primero que harán es replantear todos los concursos públicos de los organismos de control y crear una comisión de la verdad para analizar el caso Sobornos.

Este documento será esencial, dentro de poco, para el Consejo de la Judicatura, ahora presidido por Wilman Terán en clara mayoría con Maribel Barreno y Xavier Muñoz, el único vocal que los primos Virgilio e Iván Saquicela, apoyados por socialcristianos y correístas, no enjuiciaron políticamente.

Esta entidad tendrá que renovar una parte de los jueces de la Corte Nacional y si los cambios son muy profundos, se abrirá una puerta para que la defensa del expresidente plantee el recurso extraordinario de revisión por el caso Sobornos y buscar una salida para tumbarse la condena.

Mientras Terán posesionaba a los nuevos directores provinciales de la Judicatura, dejando atrás la estructura que, más allá de sus diferencias, construyeron María del Carmen Maldonado y Fausto Murillo, Rafael Correa le decía a Xavier Lasso que es urgente cambiar toda esta institución y a los jueces “donde se les mete el dedo y sale pus”. No solo eso. Es necesario -palabras del exmandatario- sacar a la Fiscal “sinvergüenza” y echar abajo la Corte Constitucional que, luego de la consulta popular de 2018, permitió ventilar buena parte de las instituciones, ahora otra vez en disputa. Ante la existencia de grupos políticos cómplices y pusilánimes, la vigilancia social y la opinión pública es lo único que le queda a este país que quiere ser democrático.