Chantaje

CON LA AMENAZA de una nueva paralización, las organizaciones campesinas lideradas por la Fenocin, cuya cabeza es Gary Espinoza, pretenden obligar a la banca pública a condonar deudas de hasta 10.000 dólares. Esta resolución no solo que determinaría que instituciones públicas como Banecuador, que debe servir a los emprendedores pierda 190 millones de dólares, descapitalizándose. Además, han solicitado la condonación de los créditos vencidos en el Biess, institución que, si bien tiene como uno de sus socios al Estado, sus otros dos socios son los empleados y los empresarios. Los dos pedidos resultan inaceptables y el gobierno hace lo correcto al rechazarlos. No solo porque sería una irresponsabilidad financiera en el caso de las instituciones estatales y un dolo en el caso del Biess, sino porque el Estado tendría ciudadanos de primera y de segunda. De primera aquellos que obtienen privilegios, que no se asignan a los demás miembros de la sociedad y de segunda, aquellos que al endeudarse han pagado sus acreencias y si no han podido hacerlo, han perdido sus hipotecas.

Desde un comienzo en el proceso de diálogo, el dirigente de la Fenocin se mostró reacio a firmar los compromisos iniciales para empezar el proceso que con el apoyo de la Conferencia Episcopal unió al gobierno y a los sectores del paro del pasado junio para en un período se llegue a ciertos consensos.

Por la actitud firme del dirigente de la Conaie, se inició el proceso. Un diálogo para llegar a consensos mínimos exige conocimiento de las posibilidades y de la buena voluntad para ceder de las dos partes y si no hay acuerdo para continuar explorando posibilidades. El gobierno cedió al condonar deudas de hasta 3.000 dólares y ofreció una reprogramación de los montos restantes. Sin embargo, el interés del dirigente y de algunos líderes de su sector está enfocado en lo que es un imposible financiero y además una injusticia para los demás que sí han honrado las deudas. Es sorprendente con la facilidad que se determina el uso de los recursos que son públicos. Desde la creación de prestaciones que no tienen el sustento real como el caso del Seguro Campesino, la atención de salud para cónyuges e hijos menores de edad en el IESS, y múltiples condonaciones de deudas en la banca pública, han hecho que la generosa irresponsabilidad la terminemos pagando todos. El IESS está en una grave crisis que ha puesto en riesgo a las pensiones jubilares y hace imperativa una reforma y las instituciones que condonaron las deudas terminaron desaparecidas o debieron cambiar sus funciones, como por ejemplo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda o la CFN. Ecuador no puede continuar experimentando con el dinero público, que algunos creen que es de nadie y por ello el abuso, pero este dinero es de todos. Si se atenta nuevamente contra la estabilidad política, con amenazas de paralizaciones por pedidos imposibles e injustos, hay que proceder con todo el rigor de la Ley para quienes se empeñen en ello.