Inseguridad insoportable

La inseguridad ciudadana ha vivido los peores 12 meses de su historia. Las muertes violentas se han más que triplicado en relación con 2019. Guayaquil, Durán y Esmeraldas encabezan la criminalidad vinculada al narcotráfico. El gobierno busca contener la violencia.

En las calles: Dos asaltantes, vestidos de blanco con gorra y mascarilla, irrumpieron en un gimnasio al norte de Guayaquil; pistolas en mano despojaron de celulares y dinero a clientes. Una adolescente de 14 años murió al oeste de Guayaquil por una bala perdida durante un ataque armado a otra persona. Un niño de un año y su madre resultaron heridos en La Libertad mientras el padre de familia era ajusticiado por sicarios. Una mujer de 32 años y su mascota dejaron de existir al norte de Quito junto al líder de una pandilla que fue victimado con armas de grueso calibre.

En las cárceles: En abril, cientos de militares y policías acudieron a la cárcel de Cuenca para sofocar un motín que provocó 20 reos muertos. Un mes después una emergencia similar dejó 44 muertos en la cárcel de Santo Domingo. El clímax ocurrió en septiembre pasado cuando 122 detenidos fueron victimados en Guayaquil. Suman 280 privados de la libertad fallecidos en cinco incidentes, en lo que va del actual gobierno.

Las muertes violentas en el país se han más que triplicado con relación a 2019, antes de la pandemia. En ese año, el promedio semanal de homicidios fue de 22. Pero en las 16 primeras semanas de este año, la cifra ha subido a 77 cada siete días. Según la Policía, muchas de las “órdenes” que reciben los sicarios, salen de las mismas cárceles.

“Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral”, aseguró un informe publicado en diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las zonas más calientes

En los últimos 45 días, en Esmeraldas, el vehículo de un asambleísta socialcristiano recibió dos balazos mientras se movilizaba rumbo a Quito. En Muisne, un artefacto explosivo destruyó los ventanales de la vivienda del alcalde de ese cantón. Toda la familia, tres niños y cuatro adultos, los Araujo Wila, fueron asesinados en la capital provincial. Un guardaespaldas del rector primero y un guardia de seguridad después, ambos vinculados a la Universidad Luis Vargas Torres, fueron asesinados. El director administrativo del Hospital Delfina Torres y una mujer que lo

transportaba, corrieron la misma suerte. La provincia costeña fronteriza con Colombia tiene la más alta tasa de crecimiento de muertes violentas. En los cuatro primeros meses de 2022, las cifras se han multiplicado por seis con relación al mismo período de 2021.

Le sigue Durán, el cantón frente a Guayaquil. El 14 de febrero, Día del Amor, aparecieron colgados dos cadáveres en la transitadísima avenida que conduce al puente de la Unidad Nacional. Allí también fueron capturados 25 adolescentes implicados en sicariatos. Tras su detención, la Policía informó que cobraban unos 600 dólares por víctima. Unos días antes se había incautado siete toneladas de cocaína. Las muertes violentas se han triplicado en ese cantón.

Con cifras cuantitativamente bajas, la criminalidad también se ha triplicado en Pedernales. En el cantón manabita, hasta una peluquería cercana al parque central se convirtió en escenario de asesinatos. Y ya van más de 15 en lo que va del año en esa población que fue afectada por el terremoto.

En Guayaquil los sicarios no han respetado ni los exteriores de lujosos hoteles ni interiores de restaurantes. Pero las zonas más conflictivas son las parroquias Pascuales y Ximena. La primera que incluye sectores densamente poblados como Bastión Popular, casi triplica la cantidad de homicidios con relación a inicios del año pasado. El otro foco es la sureña parroquia urbana Ximena a la que pertenecen los Guasmos y donde también están ubicados los puertos marítimos más grandes del país. Allí, una zona antes asociada a la delincuencia común, hoy la conflictividad está exacerbada por el narcotráfico y su lucha por territorios para contaminar buques o para surtir al microtráfico.

¿Tendrá fin?

Según un documento gubernamental, el tráfico de drogas sustenta significativamente la economía criminal de las organizaciones delictivas. “Este aumento se debe a la reconfiguración de los grupos que se encuentran en transición de delincuencia común a delincuencia organizada con esquemas empresariales que participan en los mercados internacionales”, añade el informe.

Según las Naciones Unidas, el 33 por ciento de todos los homicidios del mundo, ocurre en América Latina y el Caribe, donde vive apenas el ocho por ciento de la población mundial. La estadística muestra también que un tercio de la violencia es responsabilidad del narcotráfico vinculado a carteles de México y Centroamérica.

A eso se suma que entre 2014 y 2019 se duplicó la producción mundial de coca hasta alcanzar 1.800 toneladas anuales. El mayor productor es Colombia donde el 54 por ciento de plantaciones se ubica, al sur, en los departamentos fronterizos con Ecuador. A Colombia le siguen Perú y Bolivia en cultivos.

Por eso los análisis coinciden en que mientras no haya una estrategia regional conjunta y efectiva, tendremos violencia para rato. A eso se suma que, tras el debut y despedida del radar de Montecristi, las avionetas que transportan droga han seguido operando en pistas clandestinas. Un acuerdo logrado en Israel permitiría, según se ha anunciado, tener operativo en 90 días un sistema electrónico de vigilancia. Hasta tanto, el objetivo es contener la arremetida con los escasos recursos disponibles.

“La violencia en las prisiones responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral”, dijo un informe de la CIDH.