EL TSUNAMI DE LOS NARCOGENERALES

El embajador de los Estados Unidos habló de narcogenerales y del retiro de visas a oficiales. Eso, tras una acción judicial que reintegró a cuatro generales a las filas. En exclusiva, la general Tannya Varela, la primera mujer comandante general de la Policía, revela que guardó silencio, para no ahondar la desestabilización.

“Yo no me siento afectada de que me digan ‘narcogeneral’, porque no lo soy. El embajador de Estados Unidos debe saber a quién se refiere en sus declaraciones, pero nosotros hemos presentado nuestra disponibilidad; abrimos nuestras cuentas y el presidente Lasso decidirá en quién mantiene la confianza y en quién no”. Es la primera vez que la comandante general de la Policía, Tannya Varela, rompe el silencio y concede una entrevista, después del tsunami que causaron las declaraciones del representante diplomático.

Tiene casi 39 años en la Policía. Se integró luego de responder un llamado para enrolarse, en un periódico local, en su natal Ibarra. Vivió sola en una ciudad que desconocía, Guayaquil, donde hizo la mayor parte de una carrera singular. Es la primera mujer en el país y en la región en llegar a la cúspide y ocupar el cargo de comandante general de la Policía. Su esposo tiene 32 años de vida policial. El general Edwin Noguera ascendió en agosto al grado de general de distrito, tras una evaluación en la que, asegura Varela, ella se excusó de participar.

Es cauta sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos. “Es una decisión soberana, no podemos opinar”. Niega, sin embargo, que la institución hubiera proporcionado información a ese país sobre sus propios miembros.

No fue el único remezón. La promoción que sigue a la comandante general en antigüedad, la número 50, intentó ascender; no calificó; salió de la institución y buscó reintegrarse en diciembre amparada en un fallo judicial. Los cuatro generales salieron de la Policía en agosto, por no calificar para el grado de general inspector. Un componente de la calificación estuvo a cargo de la comandante general y del entonces ministro de Gobierno, César Monge, quien falleció poco después por un cáncer terminal. Por su antigüedad, varios de los generales evaluados integraban tanto el Consejo de generales como la Comisión de calificación; no podían calificarse a sí mismos.

El oficial más mediático de la promoción 50, general Víctor Araus, llevó a Varela al sillón de los acusados, señalando

que ella habría buscado “fingir” la reunión en la que fue calificado. La acción judicial provocó el reintegro de los cuatro oficiales a la institución. Una aclaración posterior mencionó que la medida beneficia solamente a Araus. A renglón seguido, se produjeron las declaraciones del embajador estadounidense sobre “narcogenerales” y el retiro de las visas a esos oficiales.

Varela asegura que en medio de ese proceso judicial en su contra, se pintó una imagen que la desdibuja. Que aguantó la humillación en silencio, para no ahondar la crisis institucional.

Retiro de visas

Con 52 mil miembros, la Policía es la institución más grande del país. Tiene 7.970 mujeres. Durante la pandemia sufrió 50 bajas por el virus; registra 92 servidores caídos en servicio.

La actual cúpula policial -también llamada ‘mando institucional’- está formada por 21 generales; de ellos, 20 son hombres.

En la cúspide se encuentra la general Varela, general inspector de la promoción 49. Fue nombrada por el gobierno de Lenín Moreno, el 21 de marzo de 2021, y ratificada por el presidente Guillermo Lasso en julio del mismo año. El segundo al mando es el subcomandante general, Carlos Cabrera, general inspector.

Diecinueve generales de distrito integran el cuadro. A dos de ellos el gobierno estadounidense les revocó la visa.

Uno de ellos pidió la baja de la institución; en el pasado ocupó el cargo de la Dirección de Antinarcóticos. Un miembro de su equipo de apoyo fue detenido en Estados Unidos, cuando custodiaba al sobrino del entonces contralor Pablo Celi, quien portaba 250 mil dólares en efectivo. Es el caso Las Torres.

El segundo general de distrito a quien se le retiró la visa se encontraba, al cierre de edición, en uso de una licencia. El general Fabián Salas confirmó a Vistazo el retiro de su visado. Es el actual director jurídico de la Comandancia General, desde hace siete años. Ingresó a las filas policiales en 1992, mediante un concurso para llenar vacantes de jueces y fiscales de las cortes policiales. Tras desempeñarse en Cuenca, Guayaquil y Riobamba, se vinculó al área ju

rídica, luego de la unificación de las cortes.

“Como miembro de la institución, soy respetuoso. Entiendo la posición del embajador de Estados Unidos, toda vez que la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción aumentan. Pero esta situación nos ha provocado un grave daño moral a mí y a mi familia. El retiro de las visas no es tan importante como identificarnos como narcotraficantes. Nunca he sido un servidor policial operativo, ingresé como profesional”.

En mayo de 2021 renovó su visa. “Mi hija mayor vive allá, se casó con un ciudadano de ese país, tengo un nieto”. Sus dos hijos menores viven en Cuenca. Tiene 58 años de edad. Fue ascendido a general de distrito por el gobierno de Moreno, en respaldo a su gestión: denunció la estafa contra el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Isspol. Presentará una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Araus y los generales de la 50

El general Salas elaboró los informes técnicos que viabilizaron adelantar el ascenso de la promoción 50 al grado de general inspector. Esta generación ingresó a las filas policiales en 1988. A lo largo de los años, la normativa modificó en varias ocasiones el requisito del tiempo que los uniformados deben cumplir en los distintos grados de la jerarquía.

El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), vigente desde 2017, señala que los generales de distrito deben permanecer cinco años en esta jerarquía, antes de optar por la calificación para el grado de general inspector. En este nivel deben actuar por tres años, antes de ascender a general superior, el escalón más alto, hoy vacante.

Los cuatro oficiales de la leva 50 fueron ascendidos a generales de distrito, en abril de 2018. A mediados de 2020, el oficial con mayor antigüedad, general Pablo Rodríguez, pidió que se revisaran sus tiempos de ascenso. El informe jurídico estableció un desfase de nueve meses y nueve días. Y determinó que otras 15 promociones (desde la 42 hasta la 56) fueron afectadas por la misma razón.

Esta fue la base jurídica para viabilizar el ascenso de los cuatro al grado de general inspector. Así consta en el acuerdo ministerial 127, firmado por el entonces ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, quien había asumido el cargo dos meses antes. El acuerdo fue firmado el 14 de mayo de 2021, a días del cambio de gobierno.

El exministro Martínez, consultado por Vistazo, aclaró que actuó en función de los criterios legales, que fueron sustentados por la institución policial. Proporcionó copias de los documentos.

Fuentes consultadas coinciden: el general Araus buscaba ser comandante general, en reemplazo de Varela. La promoción 50 estaba a punto de ser ascendida al grado de inspector, sin una evaluación de por medio, antes de la salida del presidente Moreno.

Araus, nacido en Guayaquil, tiene afinidad con la élite política del puerto, que incluye a correístas y socialcristianos; levantó un alto perfil mediático durante su gestión. Su defensa argumenta que es perseguido por envidia hacia su mérito y visibilidad. Él vive en un departamento de clase media al norte de Quito. “No es la casa de un narcogeneral”, explica su círculo cercano.

Con el cambio de gobierno, la general Varela fue ratificada en la comandancia general. Ella conoció al mandatario cuando era teniente y él, gobernador del Guayas. Insiste en que presentó su disponibilidad.

La situación de la cúpula policial está en manos del presidente Lasso. Es, fundamentalmente, un tema de confianza. El tsunami de los narcogenerales todavía dará qué hablar. Otros dos generales en retiro, procesados por el caso Isspol, también fueron notificados con el retiro de su visa.

Una investigación sobre los patrimonios está en curso. Sería una de los elementos de evaluación antes de ratificar la confianza.