ESCENARIOS POCO PROBABLES

1• REVIVIR LA MAYORÍA que nombró a Guadalupe Llori como presidenta y mantener el apoyo de Pachakutik y de la ID. Entre ambos suman 45. Así lograrían 70, de 69 votos necesarios para aprobar la reforma. Son dos partidos anclados en la centroizquierda e izquierda radical que difícilmente votarán por flexibilizar el trabajo y cambiar el tema tributario. Para pasar la ley el gobierno deberá negociar los términos del proyecto u otras concesiones.

2• APELAR AL SOCIO POLÍTICO de las elecciones, al PSC, la Izquierda Democrática (ID) y el ala moderada de Pachakutik (PK). Con los dos primeros sumaría 36. Del último partido debería sumar alrededor de 10. En este caso deberá ceder en materia tributaria frente al PSC y laboral a la ID, además de cumplir con pedidos del PK relacionados a espacios de influencia territorial.

3• BUSCAR EL APOYO DE LOS ACTORES marginados de UNES y PSC para un bloque coyuntural. Conseguir el apoyo de 16 de los 49 de UNES, que son los legisladores de la Sierra, menos tomados en cuenta y menos influyentes que sus pares de la Costa. Algo similar ocurre con el PSC de la Sierra que debe estar contrariado por la filiación de Nebot con Correa. Con esos 16, más 10 del PSC, más 18 de la ID, se sumaría 44, número de votos que permitiría maniobrar.

CONSERVADOR

EL PRESIDENTE está habilitado por la Constitución para convocar a una consulta popular “sobre los asuntos que estime convenientes”. El Presidente puede convocar a una consulta popular “sobre un proyecto de Ley que haya sido negado por la Asamblea Nacional” (Código de la Democracia, 2018).

Sin embargo, la consulta debe pasar primero por el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional que puede, incluso, calificar cada una de las preguntas, en caso de que fueran varias, con lo cual la conexidad se convierte en un requisito inevitable según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de 2009.

Otra salvedad. El Presidente no puede consultar al pueblo sobre temas tributarios: solamente el Legislativo puede aprobar, modificar o suprimir impuestos.

RADICAL

El Ejecutivo pudiera invocar la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y forzar a la disolución anticipada de los poderes representativos, o muerte cruzada. No necesita de la calificación de la Corte Constitucional. En este escenario, el Consejo Nacional Electoral convocaría inmediatamente a nuevas elecciones legislativas y presidenciales.