GASTO FARAÓNICO QUE NO TERMINA

Hace más de dos años se intenta liquidar la Refinería del Pacífico, tarea casi imposible por los juicios y deudas acumuladas por más de mil milliones de dólares. El mayor compromiso es con Petroecuador, que podría recibir en pago un terreno aplanado y casi 600 milliones de dólares en consultorías que están registradas como activos, pero que prácticamente sirven para nada. ¿Qué quedará de esta obra fallida?

La Refinería del Pacífico era la crónica de una muerte anunciada desde 2013, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana se dio cuenta que gastó 1.500 millones de dólares en obras que difícilmente llevarían al ansiado complejo petroquímico. Ese año cortó la inversión y dejó paralizado el proyecto. Sus personeros defendieron a capa y espada el faraónico aplanamiento de 535 hectáreas para plataformas y 800 hectáreas de escombreras. En 2016, el entonces vicepresidente Jorge Glas llegó a decir: “Ahí donde ustedes ven un terreno, yo veo una refinería”. Pero eran patadas de ahogado. Nadie se arriesgaba a invertir.

El mismo correísmo dio la primera estocada al ambicioso proyecto cuando en 2017, con Rafael Correa aún en el poder, la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico, formada por Petroecuador y PDVSA, no presentó sus informes ni balances a la Superintendencia de Compañías. Al año siguiente, el ente de control declaró en inactividad a la empresa y, en 2019, dispuso su liquidación. En el ínterin, Lenín Moreno ofreció resucitar el plan con inversión extranjera, pero al final su gobierno firmó el acta de defunción, ofreciendo a cambio construir otros proyectos en los terrenos aplanados. Han pasado más de dos años y la abrumadora tarea de ordenar las cuentas y liquidar la compañía todavía está lejos de terminar. Refinería del Pacífico registra deudas por 1.059 millones de dólares. Por ejemplo, a la empresa Worley Parsons, que hizo estudios, fiscalización y gerenció el proyecto, le debe 30 millones de dólares, aunque la disputa por este dinero está en litigio internacional.

A Odebrecht, contratista mundialmente conocida por los escándalos de corrupción, le debe casi 15 millones de dólares, pero hay una orden judicial de prohibición de pago que todavía debe resolverse. A la Corporación Nacional de Electricidad le debe 2,5 millones de dólares desde 2019, sin embargo, se pidió la condonación de la deuda. La lista de acreedores supera la treintena, aunque la mayoría con montos muy inferiores, según consta en los documentos de liquidación.

No obstante, la deuda más grande y, prácticamente impagable, es con Petroecuador: 995 millones de dólares. Es parte de lo que invirtió la estatal petrolera para el sueño revolucionario de tener una moderna refinería en El Aromo, Manabí. El abultado gasto se debe a que la estatal venezolana no cumplió con el acuerdo de inversión cuando Rafael Correa y Hugo Chávez firmaron la alianza en 2008 y posteriormente crearon la empresa de economía mixta, con 51 por ciento de participación de Petroecuador y 49 por ciento de PDVSA.

La idea era refinar 300 mil barriles diarios. Doscientos cincuenta mil los aportaría Ecuador, aunque nunca se supo cómo ese crudo llegaría a Manabí. El oleoducto tiene conexión con Esmeraldas. Se habría requerido de otra millonaria inversión para extender la tubería hacia El Aromo. Tampoco se sabía si Venezuela enviaría los 50 mil barriles que le correspondía para que el complejo funcione a su máxima capacidad. La operación debía iniciar en 2013, luego dijeron que en 2017…

El incentivo para construir la Refinería del Pacífico fue más político que técnico, lo que condujo a su fracaso y difícil liquidación.

Lo que queda y lo que falta

Para pagar las deudas se necesita vender todos los activos del proyecto, porque la empresa sufre de iliquidez. Las plataformas y escombreras cuestan 351 millones de dólares. Las oficinas, parqueaderos y el campamento: 15 millones. El acueducto La Esperanza está valorado en libros en 332 millones. Pero el activo más costoso está en las consultorías, estimadas en casi 600 millones de dólares. ¿Es posible rematar esas consultorías?

“Es muy difícil que se puedan vender los principales activos de la empresa como, por ejemplo, los estudios que son intangibles, y el sistema de acueducto La Esperanza”, responde José Herrera Falcones, quien se hizo cargo de la liquidación desde julio de 2020. Nadie querría comprar esos bienes. Por esa razón se analiza entregarlos a Petroecuador. ¿Pero qué haría la empresa petrolera con un terreno aplanado donde ya no se podría construir ningún complejo para procesar crudo y unas consultorías que prácticamente no sirven?

Vistazo envió un cuestionario sobre estos temas al departamento de Comunicación de Petroecuador, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Para traspasar los bienes a la estatal petrolera deberían realizarse auditorías para constatar si ese es su valor actual o ya están depreciadas. Los valores fueron fijados en función de lo que costaron las obras, pero la duda de corrupción fue un constante en ese proyecto.

Según el informe de la consultora RPS Energy, tres obras tuvieron un sobreprecio de 152 millones de dólares: la implantación de las plataformas, la construcción de las vías y el acueducto. En todas participó Odebrecht. El informe se realizó en el marco del apoyo que pidió el gobierno anterior al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que también se levantó información sobre varios proyectos estratégicos como la Refinería de Esmeraldas, el Poliducto Pascuales Cuenca, entre otros.

La consultora también concluyó que, en El Aromo, obras como el aplanamiento del terreno o el acueducto, fueron apresuradas porque no existía la certeza de un inversor que construya la refinería. Quizá nos hubiésemos ahorrado unos cientos de millones de dólares.

Sombras y juicios

Las mayores contratistas de la Refinería del Pacífico: la australiana Worley Parsons, la coreana SK Engineering y la brasileña Odebrecht, precisamente aparecieron luego en la trama de facturas cruzadas del escándalo Arroz Verde. Por el caso fueron sentenciados el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, varios funcionarios y representantes de más de una docena de empresas que contribuyeron a las campañas de Alianza PAÍS, a cambio de adjudicarse millonarios contratos.

Eso es parte de la oscura herencia que dejó este proyecto. Pero todavía falta por subsanar un sinnúmero de juicios que enfrenta la empresa con sus contratistas, proveedores, empleados (por despidos intempestivos, liquidaciones), y un largo etcétera, que suma casi 70 millones de dólares. “Es necesario evacuar todos los procesos judiciales que están ligados a la determinación de pasivos (deudas). Y hemos dado importantes pasos”, dice el liquidador José Herrera, aunque no precisa cuánto tiempo demorará el proceso.

Comenta que recientemente ganaron un juicio por 29 millones de dólares a la coreana SK. La empresa extranjera fue glosada por ese monto en un contrato para la ingeniería básica de la refinería y ese pago estaba retenido. Con sentencia a favor, la Refinería del Pacífico se queda con ese dinero y es una carga menos que aliviar.

A criterio del exministro y experto en petróleo, René Ortiz, la construcción de la refinería tuvo un incentivo más político que técnico y eso condujo al fracaso y problemas actuales. “Petroecuador se dejó engañar, amparado en el paraguas del acuerdo entre gobiernos Ecuador-venezuela y sus presidentes, pero ninguna de las dos partes estaba preparada para asumir un proyecto de esta envergadura”.

Según los informes de liquidación, Petroecuador invirtió más de 1.200 millones de dólares, mientras PDVSA apenas puso 227 millones. Pero eran tiempos de bonanza, revolución y gastos sin límites. Hoy vemos las consecuencias. Después de más de 13 años de que los expresidentes Rafael Correa y Hugo Chávez pusieran la primera piedra en El Aromo, la inexistente refinería sigue generando gastos.